Retirada temporal del permiso de conducción a adictos al alcohol, drogas o a cualquier persona sometida a determinados tratamientos.

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Frente a la noticia de que el Servei Català de Trànsit prevé retirar temporalmente el permiso de conducción a adictos al alcohol, drogas o a cualquier persona que se encuentre sometida a un tratamiento con psicofármacos con efectos secundarios que afectan a la capacidad para conducir, este despacho muestra su total disconformidad y oposición a dicha propuesta que sería injusta y arbitraria por estar sancionando  un estado de salud y/o anímico y no una conducta prohibida o sancionable, como debería ser. Sería además, inconstitucional  y vulneraría la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad.

Podría constituir, toda vez, un delito de revelación de secretos, al preveer que los servicios médicos revelen las historias clínicas de sus pacientes.

No podemos ni debemos permitir que se apruebe, lo que sería, además, un agravio comparativo, de los ciudadanos conductores de Catalunya, con el resto de conductores de España, estableciéndose una “presunta peligrosidad” como criterio para la privación de un derecho adquirido legalmente y en cumplimiento de la normativa administrativa para su obtención.

De hecho, el Propio Reglamento de Circulación y otra normativa al respecto, ya establecen limitaciones y/o controles para vigilar, examinar, comprobar, revisar posibles estados físicos o psíquicos que puedan incidir en la conducción y los medios para limitar el permiso.

La Ley debe perseguir al conductor intoxicado, (al que conduce bajo los efectos de alcohol o estupefacientes) no al paciente adicto. Entre otras cosas porque no todo  adicto conduce intoxicado, y no todo intoxicado es adicto.

Incluso es más que probable que el adicto, y por el hecho de haber pedido ayuda especializada y estar en tratamiento, tenga más conciencia de no conducir bajo los efectos de la sustancia tóxica.

Asimismo, la norma, pudiera provocar el efecto nefasto y contrario de que las personas con  adicción no soliciten ayuda médica, por el miedo a que ello comporte la privación del carnet de conducir, que incluso pudiera privarles  del medio de transporte para desplazarse a su puesto de trabajo, por ejemplo.

En todo caso las medidas que se deben tomar, deben ser educativas y de prevención. Educar al ciudadano para que asuma que el alcohol y la conducción son incompatibles, inculcar que quien se pone a los mandos de un vehículo debe estar capacitado para ello, física y psíquicamente.

De resolverse esta normativa, cabrían dudas como, qué sucedería  con  ciclistas y peatones ¿habría que limitar también su movilidad?.

La propuesta, en definitiva, resulta una intromisión ilegítima y desproporcionada de la Administración, en la esfera privada de las personas, que a la postre decide privar de un derecho “por si acaso” se comete un delito. En este sentido, sería lo mismo que privarle la movilidad, a los que hayan nacido en un barrio con alto porcentaje de delincuencia, en aras de evitar que cometan un delito.

Informativos Telecinco

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