El Tribunal de Justicia de la UE. se declara incompetente para resolver el Recurso interpuesto por las Tasas judiciales.

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Sentencia sobre el asunto C-265/13 Torralbo Marcos (ES)

EL Tribunal de Justicia de la Unión Europea se declara incompetente para resolver el Recurso interpuesto por las Tasas judiciales impuestas por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre.

El Tribunal Europeo entiende que no tiene competencia para conocer de esta ley de tasas que, este despacho ya viene denunciando por ser un obstáculo  desproporcionado al ejercicio de la tutela judicial efectiva,  y por tanto en clara violación del artículo 24 de la Constitución  Española.

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"La empresa Korota se encuentra en concurso de acreedores desde el 16 de junio de 2008.

El 25 de junio de 2012, Korota y uno de sus trabajadores, el Sr. Torralbo Marcos, aprobaron un acta de conciliación, a efectos de la cual Korota reconoce la improcedencia del despido, y se compromete a abonarle un importe de 21.645,66 euros por la indemnización y otros conceptos.

Al no cumplir la empresa con lo acordado, el 3 de octubre de 2012 el Sr. Torralbo solicitó la ejecución del acta de conciliación ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Tarrasa.

Tras una serie de recursos, destinados a obtener una declaración de insolvencia de Korota para poder acceder así a las prestaciones del Fogasa, el Sr. Torralbo anunció su intención de presentar un recurso de suplicación. Sin embargo, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas en la Administración de Justicia, impone el pago de una tasa de 500 euros por la presentación de un recurso de suplicación ante una jurisdicción laboral. A esta cantidad hay que añadir la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento, con el límite de 2.000 euros.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Tarrasa, que conoce del asunto, se interroga sobre la compatibilidad de la Ley 10/2012 con el Derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al considerar que esta ley erige un obstáculo desproporcionado al ejercicio de tal derecho. En concreto, incide en que sin su abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado, y que la ley no permite a las jurisdicciones españolas modular las tasas judiciales por motivos de proporcionalidad o evaluar la importancia del proceso para las partes en función de las circunstancias del caso.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia se declara incompetente para responder a las cuestiones planteadas en relación con la Ley 10/2012, que regula las tasas en la Administración de Justicia española.

El Tribunal de Justicia recuerda que sólo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que les son atribuidas. A este respecto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. Así pues, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella, y las disposiciones de la Carta invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia.

En el presente asunto, la ley española en cuestión regula, con carácter general, determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. No está dirigida a aplicar disposiciones de Derecho de la Unión. Éste tampoco contiene ninguna normativa específica en esta materia o que pueda afectar a esta normativa nacional.

Es cierto que el objetivo final de los trámites judiciales entablados por el Sr. Torralbo es el acceso a la intervención del Fogasa en caso de insolvencia de Korota, conforme a la Directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que, en el momento procesal en que se encuentra el litigio principal, la situación de que se trata no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva ni, de manera general, en el del Derecho de la Unión. En efecto, la cuestión de si debe considerarse a un empresario en situación de insolvencia a los efectos de esta Directiva está determinada por el Derecho nacional, y por la adopción de una resolución o de una declaración por parte de la autoridad nacional competente.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

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