Tasas Judiciales en Cataluña.

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Establecimiento del copago en la Administración de Justicia catalana.

La Ley 5/2012 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos, en su artículo 16 añade un nuevo título III bis al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, que tiene por objeto regular la nueva tasa judicial autonómica para el justiciable (nuevo artículo 3 bis. 1) y otra tasa para "la utilización o el aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la Administración de justicia" (nuevo artículo 3 bis. 2) : "tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia.

De nuevo y al igual que la tasa por expedición de una receta, la tasa judicial será exigible en el ámbito territorial de Cataluña, con la consiguiente situación discriminatoria que supone para con los las personas que recurran a la justicia en Catalunya. La propia ley ha previsto además que estas tasas autonómicas se aplicarán sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse, lo que supondrá, en su momento, una duplicidad de
imposición al ciudadano, cuando ejerza su derecho a recurrir a la administración de justicia.
A continuación les detallamos las exenciones de estas tasas:

1. Exenciones objetivas.Están exentas de la tasa:

a) La interposición de demanda y la presentación de recursos posteriores en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición de la persona deudora, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa.

c) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de recursos posteriores en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación directa de disposiciones de carácter general.

2. Exenciones subjetivas. Están exentas de la tasa:

a) Las personas físicas o jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

b) Las entidades totalmente exentas del impuesto sobre sociedades. El equipo que forma este despacho está en total desacuerdo con esta normativa y la imposición de tasas a los ciudadanos que ejerzan su derecho de recurrir a la Administración de Justicia. El gravamen que se impone mediante tasas vendrá a crear situaciones discriminatorias entre los
ciudadanos en función de su poder adquisitivo. Ya no se puede hablar de una Justicia Universal, porque desde el momento en que para poder acceder a la Justicia es necesario pagar unas tasas, se crea una disfunción en el sistema.Desde luego, si la intención de la administración era que disminuyera la carga de trabajo de la Administración de Justicia, lo van a conseguir mediante el sistema más antidemocrático e injusto. El sistema de tasas que se impone, provocará que aquellas personas que tengan un menor poder adquisitivo, o
problemas económicos no puedan acudir a la justicia y ello a su vez provocará una de las mayores injusticias, valga la redundancia. Para los profesionales del derecho estas tasas suponen además una carga más, que nada tiene que ver con nuestro trabajo convirtiéndonos en “mediadores” del cobro de tasas administrativa, y en ocasiones quienes corren cargo de las mismas.

 

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